Discurso de Pedro Pacheco en la constitucion de la Diputacion de Cádiz

Pedro Pacheco entega el baston de mando al nuevo Presidente de Diputación José Loaiza (Foto Diario de Jerez)

12 Julio 2.011

Las Diputaciones nacieron en la Constitución de Cádiz de 1812 y desde entonces poco o nada han cambiado.

En primer lugar, quiero felicitar al Presidente de la Diputación Provincial y desearle suerte y éxito en este período de la vida provincial que ahora comienza.

Ya conocen los señores diputados mi opinión sobre las diputaciones provinciales tal y como hoy están reguladas, pero mi escepticismo no será inconveniente para que el Foro apoye en este salón las iniciativas que favorezcan la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia, especialmente aquellos más desfavorecidos, y para oponerme cuando se lesionen sus derechos o se fomenten desequilibrios territoriales.

Y desde ese planteamiento seremos leales y críticos. Lealtad que también demandamos del Gobierno provincial, pues la voz del Foro es la voz de más de 14.000 votantes.

Nosotros estamos por la concordia y el entendimiento entre fuerzas políticas de distinto signo, como las que estamos aquí representadas, y seremos beligerantes cuando Gobierno y partido mayoritario de la oposición traigan a este plenos asuntos que no tengan nada que ver con los intereses provinciales.

Señor Presidente, usted sabe que la situación de la provincia es crítica y que encabezamos todos los rankings en materia de desempleo (especialmente juvenil) fracaso escolar, brecha tecnológica, deslocalización de empresas, etc.

Por eso, le pido que afronte su mandato con determinación y sin perder de vista ese horizonte cuyo perfil negativo debe ser objeto de preocupación del Gobierno provincial y también de los que estamos en la oposición.

Asuma la responsabilidad que le ha otorgado su partido designándole para el cargo a pesar de que, como para el resto de partidos, el hecho provincial ha sido absolutamente indiferente en las recién celebradas elecciones locales y, lo que es más grave, la gestión del gobierno provincial anterior. No existe tampoco un escrutinio ciudadano respecto de esa gestión de estos últimos cuatro años.

Es cierto que la estructura local de gobierno ha estado prácticamente fuera de la agenda política todos estos años y una vez más el nivel autonómico de Gobierno ha fagocitado los tímidos empujes de la denominada «segunda descentralización», que no ha pasado más allá de su formulación retórica.

El poder local es la cenicienta de la Administración española, y la pasada campaña de elecciones locales no ha favorecido el necesario debate sobre cómo sacarlo de su difícil situación. Los dos partidos mayoritarios han interpretado está campaña como un primer asalto de las elecciones generales, ignorando los problemas específicos de los municipios y provincias, y convirtiendo las pasadas elecciones municipales en unas primarias.

Las Diputaciones nacieron en la Constitución de Cádiz de 1812 y desde entonces poco o nada han cambiado. En la mayoría de los casos son instituciones obsoletas, cuyas funciones se solapan con la de los gobiernos autonómicos, municipios, comarcas o mancomunidades, duplicando los cargos públicos y disparando el gasto, situación que todos los partidos admiten.

No cabe ignorar en estos momentos críticos por los que atraviesa España, la existencia de determinadas propuestas políticas que han cuestionado la planta y la estructura actual de los Gobiernos locales y, particularmente de aquellas voces que ponen en entredicho el papel de las Diputaciones como instancia de gobierno y administración de las provincias de régimen común.

Estas propuestas han sido lanzadas sin el sosiego y la reflexión que una modificación de la arquitectura institucional de ese carácter exige. También es cierto que la acuciante e intensa presión de “los mercados” sobre la compleja situación de nuestro sistema económico-financiero durante los años 2010 y 2011 ha destapado un amplio e improvisado catálogo de fórmulas “de solución” con la finalidad de hacer frente a tales retos. Y dentro de estas fórmulas algunas de ellas se asientan en el replanteamiento del mapa municipal y en el cuestionamiento de los Gobiernos locales intermedios en España, las Diputaciones.

A mi juicio, es necesario redefinir de una vez por todas el nivel local de gobierno y hacer así al país mucho más competitivo institucionalmente y, por ende, fortalecerlo en términos de desarrollo económico, social y político.

Hay que ser conscientes de que la institucionalidad de los gobiernos locales intermedios es, de carácter frágil y ello es obvio en el caso de las Diputaciones. Esta fragilidad institucional se advierte en lo referente a la legitimidad democrática, al sistema competencial y al régimen de financiación y además la inexistencia de un patrón común para todas las diputaciones.

Esto no ocurre – o al menos, no ocurre con tal intensidad con otras formas de Gobiernos locales intermedios tales como territorios históricos, cabildos o consejos insulares, que ofrecen por el contrario una institucionalidad más fuerte, tanto por lo que afecta a la variable de legitimidad democrática directa de sus órganos representativos, como por lo que tiene que ver con sus amplias competencias y su diseño organizativo.

Paradojas de la historia, las Diputaciones vascas son las únicas, dentro de unas CCAA pluriprovinciales, que tienen atribuidas competencias sólidas de servicios propios y de control de los municipios, que son elegidos por sufragio directo, es decir, el mismo modelo de Diputación Provincial que instauró para la España liberal la Constitución de Cádiz (arts. 324 a 327)

La imprecisa definición constitucional sobre la provincia ha dado lugar a interpretaciones muy restrictivas sobre su alcance dentro de la organización territorial del Estado. Y las reformas impulsadas en los Estatutos de Autonomía`, y en la nuevas leyes de ordenación, la reducen una existencia puramente nominal, pero sin reconocerle un cuadro de responsabilidades por la vía de la cesión de competencias.

En nuestro Estatuto de Autonomía de 2007 desaparece cualquier alusión a la provincia como ámbito territorial para el ejercicio de las competencias autonómicas, a la asunción por las Diputaciones de la gestión ordinaria de los servicios periféricos de la CCAA. En este punto, el Estatuto se limita a ajustarse a la realidad organizativa andaluza que cuenta con una administración autonómica completa.

El Estatuto no ha cambiado nada y si ha hecho algo, es reducir las competencias provinciales e incrementar las facultades de coordinación y control de la Junta sobre la competencia provincial. Queda descartada la configuración de la provincia como administración indirecta autonómica, y sigue pendiente la definición de su papel como entidad local.

Las Diputaciones provinciales andaluzas están actualmente casi en el mínimo que permite la C.E. y La legislación básica de régimen local, que es bien poco. Y por debajo del mínimo que permite el Estatuto de Autonomía. Los nuevos estatutos insisten en confirmar la centralidad de los municipios frente a las provincias en el entramado institucional de las respectivas CCAA

Según el artículo 4 de la LAULA, parece que el legislador autonómico asume, al menos formalmente, que también las diputaciones provinciales pueden asumir competencias en aquellas materias que se gestionen más adecuadamente por esta entidad local. Si efectivamente esto es así y lo acogen también las leyes sectoriales, las Diputaciones provinciales pueden recuperar lo perdido.

Para que la Diputaciones dejen de ser invisibles para los ciudadanos, es imprescindible reformar el papel representativo de la provincia, actualmente cuestionado dada la forma de elección de los diputados.

En efecto, el sistema electoral previsto a partir de 1978 para las diputaciones provinciales muestra unas evidentes limitaciones que debilitan la institución provincial y crea un sistema que aleja a los ciudadanos de la provincia (limitaciones como utilizar los viejos partidos judiciales como circunscripción electoral, la asignación a cada uno de ellos independiente de la población, de un escaño,.. )

Aparentemente, el modelo gira en torno a una representación indirecta de los municipios, pero en verdad se trata de una representación de los partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores. Ante esta situación, resulta evidente que la institución provincial, a pesar de estar configurada constitucionalmente como un poder público territorial y con un gobierno representativo, tiene un déficit de visibilidad manifiesto.

Difícilmente pueden visualizar los ciudadanos lo que sencillamente no votan. Pero es peor aún, porque, bajo el manto de “elecciones locales”, el proceso electoral que se abre cada cuatro años es, en verdad, un proceso de elecciones municipales, y solo muy indirecta un proceso de elecciones provinciales.

Faltando como falta la exigencia de responsabilidades políticas que son consustanciales a las elecciones locales cada cuatro años, no es exagerado concluir que el sistema electoral provincial se distancia de la gestión política llevada a cabo por la mayoría que ha gobernado la institución durante esos últimos años, y tampoco valora el papel de la oposición (si es que ésta ha existido).

Las consecuencias del modelo propuesto por el legislador de 1.978, y apuntalado por legislador orgánico electoral de 1985, son poco favorecedoras de una idea de gobierno provincial responsable ante los ciudadanos.

Hasta ahora, la gestión del gobierno provincial y los resultados de sus políticas públicas no han sido objeto de debate alguno en el ámbito electoral. No se airean programas electorales provinciales, como tampoco se publicita quienes son los candidatos a presidir la institución provincial y quienes los llamados a formar parte del gobierno provincial.

El elector permanece totalmente ajeno a estas cuestiones, pues el modelo de elección de diputados provinciales no solo es a través de un sufragio indirecto, sino que son los diferentes partidos, coaliciones o agrupaciones electorales, los que eligen a los diputados provinciales entre aquellos miembros que han obtenido previamente la condición de concejal.

El actual proceso de elección de diputados provinciales deja fuera, efectivamente al ciudadano, por lo que es difícil que éste se sienta representado por la Diputación. Y esta situación tiene consecuencias indirectas sobre la imagen que la institución ofrece ante la ciudadanía, que en algunos casos es de cierta lejanía y en otros de un desconocimiento sobre cuál es su papel efectivo o para qué sirve.

No cabe duda de que es necesario replantear el actual estado de cosas. Si las diputaciones quieren reforzar su posición institucional, hacerse visibles ante la ciudadanía y asentar de ese modo su legitimidad, parece obvio que se han de dar pasos importantes para modificar el sistema electoral vigente. La reforma de la Ley de elecciones en este punto es inaplazable.

Las alternativas de mejora del sistema, son varias, pero la más, -en nuestra opinión adecuada- por la que han transitado todo los gobiernos locales intermedios en Europa- es reemplazar el sistema electoral provincial y caminar a la implantación de un modelo de legitimidad democrática directa, mediante la concurrencia de las diferentes candidaturas electorales con un proceso organizado de forma similar al de las elecciones municipales. España es una absoluta y huérfana excepción. No existen Gobiernos locales intermedios en ningún país miembro de la UE que mantenga los parámetros infra-democráticos de la elección indirecta de segundo grado.

Si se implanta un sistema electoral basado en el sufragio directo todos los inconvenientes antes detectados desaparecen: la institución ganaría en visibilidad, los programas políticos y la gestión realizada se contrastarían frente a los electores, el principio democrático reforzaría notablemente el valor de la institución y, en fin, los ciudadanos, directa o indirectamente elegirían o reelegirían al presidente y al gobierno provincial o, en su caso, castigaría al gobierno saliente.

La Constitución, en cualquier caso, únicamente se refiere a que el gobierno de la provincia será ejercido por un órgano representativo sin mención expresa a ninguna modalidad de opción electoral, a diferencia de las previsiones recogidas en el art. 140 en relación con el municipio. Esa opción abierta de la CE deja un amplio espacio de configuración al legislador orgánico para concretar qué tipo de sistema electoral se incorpora.

En todo caso, cualquiera que sea la opción por la que se decante el legislador lo que sí resulta necesario es definir una mínima hoja de ruta, para afrontar el cambio de agenda electoral en el ámbito provincial.

En lo que afecta a la hoja de ruta es oportuno plantear una reflexión en torno a la modificación de la LOREG en lo que a sistema electoral provincial se refiere. Este debate estará necesariamente vinculado con el marco competencial que definitivamente se prevea en la necesaria reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

En efecto, si se anuda la cesión de competencias materiales o sustanciales al fondo de atribuciones de las diputaciones provinciales, no se puede huir de establecer un sistema electoral basado en el sufragio directo.

Finalmente podemos sugerir una serie de recomendaciones con el fin de que sean valoradas en esta Corporación Provincial y sirvan para impulsar un proceso de adecuación de los gobiernos locales intermediarios a la realidad existente en la segunda década del siglo XXI entre otras:

Se requiere, en suma, un amplio consenso entre las diferentes fuerzas políticas que tengan por finalidad sentar las bases de un proceso de ordenación racional y eficiente de los gobiernos locales intermedios y que gire en torno a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, como piezas maestras para hacer efectivo el principio de autonomía local y salvaguardar asimismo la autonomía municipal o la capacidad para priorizar políticas que ha de tener nuestros Ayuntamientos.

Dicho esto, Señor Presidente, y fijada la posición del FORO respecto del papel futuro de la diputaciones, si se acometen las reformas necesarias, quiero subrayar que hoy, más que nunca, la provincia de Cádiz necesita de una interlocución política seria y responsable con el conjunto de los organismos e instituciones del Estado español.

Basta ojear la prensa diaria para reconocer que estamos en la UVI: ayuntamientos en quiebra, desmantelamiento de empresas, índices insoportables de desempleo, un grueso enorme de mano de obra sin cualificar y de difícil recualificación y, también, ciertos desequilibrios entre los distintos territorios de la provincia.

Estar aquí solo tiene sentido si la Diputación es capaz de aglutinar los anhelos de prosperidad de los habitantes de la provincia y, respetando la autonomía municipal, alzar la voz exigiendo políticas concretas que nos saquen del furgón de cola Europeo.

En tanto no se acometan las reforma necesarias,   a las que me he referido con anterioridad, para reformular el papel representativo de la provincia, nuestra labor debería encaminarse a ese objetivo irrenunciable de ser el altavoz que, con una sola voz y sin fisuras, reivindique el papel que por derecho propio le corresponde a este complejo territorio en el que conviven tres realidades muy singulares.

Y en ese sentido, exigir compensaciones por las muchas servidumbres que tenemos en comparación con otras provincias (militares, Gibraltar,…) por ser el puente entre dos continentes, por la especiales circunstancias económicas sobrevenidas de la crisis del sector inmobiliario, que durante los últimos 25 años ha sido base fundamental de la economía provincial, por la reconversión brutal de nuestra base económica tradicional, la agricultura, por el desmantelamiento del ya débil sector industrial, etc.

Mucho trabajo, señor Presidente, y para tomárselo muy en serio. Si así lo hace, no dude que contará con el apoyo del Foro Ciudadano.

Mucha suerte y gracias por su atención.