PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE EMPLEO DE JEREZ 2012-2015

DOCUMENTO DE BASES

¿POR QUÉ UN PROGRAMA OPERATIVO LOCAL DE EMPLEO PARA JEREZ?

Jerez se encuentra en una difícil coyuntura económica y social que es preciso abordar, de forma coordinada, por parte de todas las instituciones, agentes y entidades que, desde el ámbito público y privado, tienen entre sus fines la generación de nueva actividad económica y la promoción de empleo.

Es evidente que esta situación no es exclusiva de Jerez (la crisis económica, financiera y presupuestaria es un grave problema en los Gobiernos Centrales de los países del sur de Europa), pero también es cierto que en nuestra Ciudad presenta características singulares que requerirían una atención preferente. A saber:

• El modelo económico tradicional de la ciudad basado en la agroindustria (vitivinícola, azucarero, lácteo, etc.) entró en una profunda recesión, desde la década de los ochenta, que llevó a la desaparición de cientos de empresas y miles de puestos de trabajo. Este proceso no se ha detenido (véase las últimas noticias sobre el ERE en la división bodeguera de Nueva Rumasa), ni parece que, a corto plazo, pueda recuperarse.
• El monocultivo agroindustrial característico de la Ciudad no ha encontrado su relevo en otro sector productivo específico, sino que ha sido el Ayuntamiento, como Administración Pública de referencia para la ciudadanía, la que actuó como motor del desarrollo de la propia Ciudad, ejecutando infinidad de programas y proyectos productivos para la Ciudad. Algunos ejemplos: el Circuito de Velocidad, los nuevos parques empresariales, las ayudas al aprendizaje y la creación de empleo (Plan Municipal de Generación de Empleo, Calificación de Actividad Económica de Interés Municipal, Viveros de Empresa, Ventanilla Única, gestión de programas europeos, de cursos de formación profesional para el empleo, Escuela de Negocios, etc.), los planes generales de ordenación urbana, etc.
• Este liderazgo municipal, junto a la eclosión del sector de la construcción, vinculada a la burbuja inmobiliaria de principios de siglo, ha tenido un doble efecto positivo en nuestra Ciudad: por una parte ha permitido al Ayuntamiento generar nuevos ingresos vinculados a dicha actividad (licencias de obra y apertura, convenios urbanísticos, ICIO, etc.) y, por otra, ha posibilitado el acceso al empleo de miles de jerezanos, sobre todo con una escasa cualificación profesional. 
• No obstante ello, desde el año 2008, este modelo está agotado. La actividad inmobiliaria está paralizada, la obra pública (con la excepción puntual de los Planes E) está bajo mínimos, la situación financiera del Ayuntamiento ha tocado fondo y el consumo privado tampoco presenta el dinamismo suficiente para tirar de un tejido productivo basado en pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Todo ello ha llevado a la Ciudad a presentar los índices más altos de desempleo de su historia, a la desaparición de gran parte de su tejido empresarial y, a lo que aún resulta más preocupante, a la ausencia de expectativas de desarrollo a corto plazo.

A diferencia de la crisis anterior, de principios de los noventa, hay circunstancias que actualmente dificultan la salida:

1. El déficit presupuestario de las Administraciones Públicas, en general, y nuestro Ayuntamiento, especialmente, dificulta la solución desde “lo público”. No es previsible, al menos en los próximos años, que desde la Junta de Andalucía o el Estado Central se ofrezcan soluciones globales a nuestra particular situación.
2. El stock actual de viviendas construidas, en proceso y la sobrevaloración de los suelos residenciales en poder de las entidades financieras y la necesidad de estas entidades de refinanciar estos activos, tampoco augura un fácil acceso al crédito para las empresas actuales y nuestros potenciales emprendedores.
3. La demanda de mano de obra de escasa cualificación demandada por la construcción en los años de expansión, ha supuesto la incorporación al mercado de trabajo de jóvenes que, en otras circunstancias, habrían proseguido sus estudios y tendrían más opciones de empleabilidad en los momentos actuales.
4. El incremento del número de desempleados, con el consiguiente incremento del gasto público dedicado a contribución por desempleo, y la previsible reducción de fondos públicos europeos (Fondo Social Europeo) destinados a políticas activas de empleo, como consecuencia de la salida de nuestra Comunidad Autónoma del Objetivo Convergencia, dificultará igualmente el mantenimiento de los recursos, programas y cursos que actualmente disponemos para favorecer la inserción laboral de nuestros desempleados.

Todas estas circunstancias abogan por la necesidad de coordinar todos los esfuerzos que individualmente se realizan a nivel local por parte de todos los agentes y entidades que, entre sus fines, promueven la promoción económica y social de nuestra Ciudad: Ayuntamiento, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, Estado Central, Partidos Políticos, Agentes económicos y sociales, Universidad, etc.

Esta propuesta no es nueva en nuestra Ciudad. La crisis de los noventa llevó al Ayuntamiento a generar espacios de concertación social cuyos resultados pueden comprobarse: el extinto Consejo Económico y Social de Jerez y el Programa Operativo Local de Empleo de Jerez (POLE) 2001-2006. Se trata, por tanto, de recuperar este espíritu como base de un trabajo que, necesariamente, debe implicar a todos los estamentos de la Ciudad por cuanto afecta a su propio desarrollo.

ENTIDADES A PARTICIPAR EN EL POLE 2012-2015

El POLE 2012-2015 debe estar abierto a todas las entidades, públicas y privadas, que tengan entre sus fines la generación de nueva actividad económica y la promoción del empleo en nuestra Ciudad.

Estas entidades serían las siguientes:

1.-Administraciones Públicas:

• Ayuntamiento de Jerez.
• Diputación Provincial de Cádiz.
• Junta de Andalucía (Servicio Andaluz de Empleo y Consejería de Economía, Innovación y Ciencia).
• Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jerez.
• Universidad de Cádiz.

2.-Agentes económicos y sociales:

• Confederación de empresarios de la provincia de Cádiz.
• Unión Local de Comisiones Obreras de Jerez.
• Unión General de Trabajadores del marco de Jerez.
• Confederación General de Trabajo
• Federación de Asociaciones de Vecinos de Jerez “Solidaridad”.

3.-Partidos políticos con representación municipal:

• Partido Popular.
• Partido Socialista Obrero Español.
• Foro Ciudadano.
• Izquierda Unida.

El liderazgo del POLE 2012-2015 corresponderá al Ayuntamiento de Jerez.

OBJETIVOS DEL POLE 2012-2015

El objetivo central del POLE 2012-2015 será la promoción de empleo de la Ciudad de Jerez a través de la acción coordinada de todas las entidades y agentes que pueden contribuir a su regeneración económica y social.

Este objetivo general pretende alcanzarse a través de los siguientes objetivos operativos:

• ASAMBLEA GENERAL

Aprobar el “Documento-Base de Diagnóstico, Análisis y Estrategias”.

Participar en las Mesas Sectoriales de Trabajo.

Realizar un seguimiento de las actuaciones emprendidas y evaluar los resultados alcanzados.

• COMITÉ DE DIRECCIÓN: estará integrado por un representante de cada una de las siguientes entidades:
•  
• Ayuntamiento de Jerez (como entidad promotora).
• Diputación Provincial de Cádiz.
• Junta de Andalucía.
• Estado Central.
• Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz.
• Organizaciones sindicales.
• Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad.
• Partidos políticos con representación municipal.

Su función será la de impulsión, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las actuaciones y recomendaciones emanadas del “Documento-Base de Diagnóstico, Análisis y Estrategias”. Para ello deberá reunirse al menos una vez al trimestre.

• MESAS SECTORIALES DE TRABAJO: Se constituirá una Mesa Sectorial de Trabajo por cada uno de los temas prioritarios del POLE 2012-2015. Inicialmente estas Mesas serían las siguientes:

Mesa Sectorial de Economía Productiva: centrará su atención en el análisis de y dinámicas del tejido empresarial de nuestra Ciudad: sectores tradicionales, sectores emergentes, oportunidades de desarrollo, emprendizaje, consolidación de empresas, autónomos, etc.

Mesa Sectorial de Educación y Políticas Activas de Empleo: centrará su atención en los recursos y resultados que ofrece nuestra Ciudad para tratar de acercar al desempleado a su objetivo de empleabilidad: acciones de orientación profesional, formación y recualificación, oportunidades de empleo y fomento de la contratación, igualdad de oportunidades, autoempleo y creación de empresas, colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, etc.

Mesa Sectorial de Infraestructuras para el Desarrollo: centrará su atención en las grandes obras públicas que contribuyan al desarrollo económico de la ciudad: parques empresariales (desarrollados y proyectados), aeropuerto, Alta Velocidad Ferroviaria, autovías de penetración y de circunvalación, Centro Comercial Abierto, etc.

Podrán constituirse tantas Mesas Sectoriales como asuntos considere prioritarios la Asamblea General.

Las Mesas estarán integradas por aquellas entidades integrantes del POLE 2012-2015 que estén interesadas. Serán coordinadas y dinamizadas por técnicos del Equipo de Gestión.

•  EQUIPO DE GESTIÓN:  el Ayuntamiento de Jerez pondrá a disposición del POLE 2012-2015 un Equipo Técnico de Gestión que se responsabilice de la redacción del “Documento-Base de Diagnóstico, Análisis y Estrategias” y, una vez aprobado, el mismo por parte de la Asamblea General, dirigir sus actuaciones y recomendaciones y organizar las Mesas Sectoriales de Trabajo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL POLE 2012-2015

El POLE 2012-2015 contempla las siguientes fases de trabajo:

1.- FASE DE PUESTA EN MARCHA: a lo largo de la misma, el Ayuntamiento de Jerez, como promotor del mismo redactará el “Documento-Base de Diagnóstico, Análisis y Estrategias”. Este documento se realizará de forma participativa entre todas las entidades integrantes del POLE 2012-2015, para lo cual se realizarán entrevistas tanto individuales con cada una de ellas, como grupales cuando sea preciso contrastar algunas de las actuaciones o recomendaciones propuestas. Para su redacción será precisa la celebración de una Asamblea General a invitación del Ayuntamiento de Jerez, en la que se exponga a todos los integrantes del POLE 2012-2015, el propósito del mismo, sus objetivos, metodología, etc. y se solicite su colaboración al respecto.Un diagnóstico socioeconómico de la Ciudad. 

El Documento-Base propuesto deberá contener, en cualquier caso:

• Un análisis estratégico sobre la situación actual: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO).
• Los objetivos estratégicos a alcanzar.
• Los ejes, actuaciones y medidas que deben contribuir a alcanzar los objetivos estratégicos.
• Planificación y cronograma de las actuaciones y medidas propuestas.
• Sistema de evaluación de los resultados alcanzados.
• Se estima que esta Fase de Puesta en Marcha deberá ocupar en torno a tres-cuatro meses desde la celebración de la Asamblea General de puesta de presentación.

2.-FASE DE EJECUCIÓN: a lo largo de la misma deberán reunirse y trabajar las estructuras de gestión definidas en el apartado anterior.

3.-FASE DE EVALUACIÓN: en el último trimestre de 2015 el Equipo de Gestión del POLE 2012-2015 deberá presentar a la Asamblea General un análisis sobre los resultados alcanzados con las actuaciones y medidas propuestas que deberá servir de base para el diseño de un futuro POLE 2016-2019.

Es bueno que pensemos un poco en las Diputaciones. Todos los que estamos aquí somos conscientes de que el país, desde el punto de vista de arquitectura institucional, tiene un problema, es decir, hay una gran indefinición de lo que queremos hacer con estos entes intermedios. Hay algunos, entre los que me encuentro, que pensamos que todavía tienen un papel importante.

Lo primero es clarificar competencias. Si quisiéramos hacer las cosas bien y no poner el carro delante de los bueyes, lo primero sería definir qué es una Diputación hoy en día o qué queremos que sea en el futuro. Y a partir de ahí veremos que método y vía de financiación establecemos.

En el proyecto de Ley de Régimen Local estatal que se estaba elaborando, pero no ha prosperado, tenía claro lo que era una Diputación y lo que se quería que ésta fuera: casi un gobierno de gobiernos, casi un gobierno con capacidad de gestión allí donde no pueden los Ayuntamientos, sobre todo en los casos de los más pequeños. Las Diputaciones lo que tienen que hacer es precisamente todo aquello que es competencia de los gobiernos locales, pero que los Ayuntamientos, dado su tamaño y capacidad de gestión no pueden afrontar.

Sin las Comunidades Autónomas las que ostentan la capacidad para ordenar el territorio y la Comunidad Autónoma Andaluza ha empezado a ejercer sus competencias. En efecto la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, (LAULA), contiene el desarrollo legal de la regulación estatutaria de los Gobiernos Locales en su aspecto sustantivo o institucional, incluyendo pues a municipios y provincias.

Estamos ante un texto legal con innovaciones interesantes y que responde a una clara y ambiciosa voluntad de incrementar el nivel de garantía de la autonomía de las entidades locales andaluzas. No cabe duda de que, a día de hoy, se ha erigido en una referencia indiscutible en el ámbito local en el territorio nacional.

Desde el punto de vista formal, destacaría los siguientes aspectos:

1.- Se trata de una ley que se declara dictada en desarrollo directo de la regulación estatutaria en materia de gobiernos locales. El artículo 98 del Estatuto de Autonomía se remite a una ley de régimen local que regule las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales.

2.- Es una ley autonómica reforzada. El art. 1 vincula la Ley que se aprueba con lo dispuesto en el art. 108 del Estatuto, que exige el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto para aquellas leyes “que afectan a la organización territorial, al régimen electoral o a la organización de las instituciones básicas.

3.-Estamos en presencia de una ley dictada como consecuencia del ejercicio de las competencias autonómicas en las materias de régimen local (art. 60 del Estatuto) y de organización territorial (art. 59 del mismo texto estatutario)

Entrando en el contenido, vemos los siguientes aspectos:

1.- En términos parecidos a los empleados en la Carta Europea de la Autonomía Local, la ley proporciona en su art. 4, una definición de la autonomía local: “autonomía para la ordena” de los asuntos de interés público en el marco de las leyes. Actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas que integran su respectiva comunidad”

2.- La idea fuerza que subyace en el fondo de la Ley es la convocación de que municipios y provincias integran una sola comunidad política: la comunidad política local. El art. 3.1 de la Ley dice expresamente: “los municipios y provincias, en su relación con la comunidad autónoma de Andalucía, integran un único nivel de gobierno”.

3.- El hecho de que los municipios y provincia integran un único nivel de gobierno no es impedimento para que la Ley parta de la necesaria distinción entre autonomía municipal y autonomía provincial. El diferente trato que merecen ambas modalidades de autonomía municipal se considera una consecuencia obligada de las diferentes configuraciones constitucionales y estatutarias y, en particular, de la configuración de la provincia como agrupación de municipios.

Y afirma que la provincia caracterizada por el dato esencial de estar determinada por agrupación de municipios, tiene como “principal función, garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar la articulación de las relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Distingue por tanto a la provincia su carácter servicial respecto a los municipios.

¿Comienza con la LAULA una nueva época para las Diputaciones?

El art. 4 dispone que la principal función de la provincia es “garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar la articulación de las relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma; y, en relación con la determinación de las competencias y la aplicación del principio de mayor proximidad a la ciudadanía, el artículo 6 establece que la “legislación tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía”.

Parece, pues, que el legislador autonómico asume, al menos formalmente, que también las Diputaciones provinciales pueden asumir competencias en aquellas materias que se gestionen más adecuadamente por esta entidad local.

Si efectivamente esto es así, y lo acogen las leyes sectoriales, las Diputaciones provinciales pueden recuperar lo perdido. O, por lo menos, formalmente no podemos seguir afirmando que se encuentran próximas a desaparecer o que la organización global de Andalucía se encuentra polarizada entre la Junta y los municipios al prescindirse de cualquier entidad intermedia.

Todavía es pronto para conocer si este nuevo planteamiento será llevado a la práctica pero parece que así lo pretende el legislador andaluz de 2010.

Las competencias propias de las Diputaciones provinciales que establece la LAULA, gozan del mismo blindaje que las propias de los Municipios. Los argumentos a favor y en contra de esta protección que una ley aprobada con mayoría absoluta otorga a las competencias locales son los mismos. Si acaso, respecto de las Diputaciones Provinciales, adquiere una mayor importancia que el legislador autonómico haya querido reforzar sus atribuciones, asumiendo que el grado de concreción de las competencias provinciales es menor que el de las municipales y que continúan centrándose en la ayuda y cooperación a los municipios.

El art. 11 LAULA se refiere genéricamente a las competencias provinciales de asistencia a todos los municipios en sus diferentes facetas de asistencia técnica, económica y material.

En relación con las competencias propias de las Diputaciones y sin perjuicio de lo previsto en la legislación sectorial, pocas novedades ofrece la LAULA que sólo se refiere en su art. 15, a las carreteras provinciales, a los archivos de interés provincial y a los museos e instituciones de interés provincial.

Decíamos en el discurso de constitución de esta Diputación “No cabe ignorar en estos momentos críticos por los que atraviesa España, la existencia de determinadas propuestas políticas que han cuestionado la planta y la estructura actual de los Gobiernos locales y, particularmente de aquellas voces que ponen en entredicho el papel de las Diputaciones como instancia de gobierno y administración de las provincias de régimen común.

Estas propuestas han sido lanzadas sin el sosiego y la reflexión que una modificación de la arquitectura institucional de ese carácter exige. También es cierto que la acuciante e intensa presión de “los mercados” sobre la compleja situación de nuestro sistema económico-financiero durante los años 2010 y 2011 ha destapado un amplio e improvisado catálogo de fórmulas “de solución” con la finalidad de hacer frente a tales retos.

Y dentro de estas fórmulas algunas de ellas se asientan en el replanteamiento del mapa municipal y en el cuestionamiento de los Gobiernos locales intermedios en España, las Diputaciones.

A partir de lo expuesto sugiero algunas recomendaciones con el fin de que sean valoradas y sirvan para impulsar un proceso de adecuación de las Diputaciones a la realidad existente en la segunda década del siglo XXI.

Tales recomendaciones son las siguientes:

1.- Cualquier proceso de reforma o de actualización de las Diputaciones provinciales, debe girar sobre los tres ejes capitales en los que se asienta el poder público provincial: las competencias, la forma de gobierno (sistema electoral y organización institucional) y la financiación.

2.- Con el fin de reforzar la legitimidad institucional y democrática de las Diputaciones provinciales se puede introducir un proceso de reflexión sobre la reforma del sistema electoral de las Diputaciones Provinciales, que atienda a una de estas tres soluciones:

       A) Reformar el sistema actual de representacion indirecta.

       B) Implantar un sistema de representación directa.

       C) Incorporar un sistema mixto de representación.

3.- La intermunicipalidad es un asunto que tiene inevitables proyecciones sobre la organización del Estado. La provincia, debe ser la pieza central de la arquitectura institucional básica de la intermunicipalidad. El minifundismo municipal actualmente existente, conduce directamente a la provincia como escalón de gobierno intermedio más apropiado para articular la intermunicipalidad.

4.- La provincia debe avanzar en el reforzamiento de sus propias competencias. El reconocimiento de competencias propias a las Diputaciones debe ir dirigido a mejorar la eficiencia del sistema de gobierno local en su conjunto. Se deben atribuir a las provincias competencias de carácter material o sustantivo, sin perjuicio de mantener y mejorar las competencias funcionales.

5.- Se debe adecuar la financiación de las Diputaciones a las competencias que ejercen actualmente y establecer un sistema de financiación provincial menos dependiente de las transferencias y más vinculado a las competencias que efectivamente se les atribuyan.

Una manera de financiación es mediante la creación de impuestos o tributos propios. Pero aquí nos encontramos con un principio general que dispone: “no taxation without representation” resulta difícil otorgar capacidad fiscal a gobiernos que no son elegidos directamente por los ciudadanos: Por supuesto podrán financiarse a través de PIES Y PICAS.

La mejora cualitativa del sistema de financiación provincial debe hacerse en el marco de la futura reforma legal de la financiación local.

Se requiere en definitiva un amplio consenso entre las diferentes fuerzas políticas que tengan por finalidad sentar las bases de un proceso de ordenación racional y eficiente de las Diputaciones como piezas maestras para hacer efectivo el principio de autonomía local y salvaguardar asimismo la autonomía municipal, ejecutar la LAULA, ni más ni menos.